La Asociación Departamental de Avicultores dijo ayer que el proceso penal contra la empresa ALG, iniciado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario por agio y especulación, no procede porque las subidas y bajadas de precios están fijadas por la oferta y demanda de los mercados. El pasado viernes, el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero anunció el proceso penal, señalando que, según estudios técnicos, el precio del kilogramo de carne, en función a los costos de operación y una razonable ganancia, debía estar en 12,50 bolivianos y no por encima de 17 bolivianos como estuvo comercializando ALG en la sede de gobierno. Dijo que el alza del precio de carne de pollo ALG es producto de la especulación, “porque no se puede demostrar, a través de la planilla de costos, que el kilogramo de pollo se produce a 17,50 bolivianos”. Sin embargo, avicultores, que optaron por guardar en reserva sus nombres, informaron que se trata de una “acción política de amedrentamiento contra el sector”, porque legalmente la acusación es inconsistente. Explicaron que el negocio avícola como todos los productos agropecuarios (tubérculos, cereales, carnes y otros) tiene, además del productor, dos manos adicionales en el mercado, los distribuidores mayoristas y los vendedores al detalle.
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